Venezuela: ¿quién tiene el monopolio de la violencia?

La pugna entre poderes públicos que se ve en Venezuela no solo causa problemas de gobernabilidad, sino que debilita la legitimidad del Estado mismo. Es difícil delimitar quién hace uso legítimo de la fuerza y quién no.

Por Evan Romero-Castillo en Deutsche Welle

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la “brutal represión” de las protestas antigubernamentales pacíficas que tuvieron lugar en Caracas este martes (4.4.2017). Una multitud marchó hacia Plaza Venezuela, hito que separa al sector de la capital usualmente descrito como bastión oficialista (oeste), de aquel donde campea el antichavismo (este), para asistir a la sesión parlamentaria.

Allí, la mayoría opositora procedería a destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia acusados de golpe de Estado. Pero ni los diputados ni los manifestantes llegaron a su destino porque la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y civiles armados cercanos al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obstaculizaron el paso.

“Es absolutamente inadmisible que el desenfreno autoritario que ha llevado al Gobierno de Venezuela a abandonar la democracia a través de un autogolpe de Estado, y a situarse al margen de la legalidad constitucional interamericana, se vuelque una vez más en represión contra su propio pueblo”, declaró Almagro antes de reprochar concretamente el uso indiscriminado de balas de goma y gas pimienta para dispersar a quienes marchaban, un exceso de por sí prohibido por la Constitución venezolana (artículo 68).

Almagro también le echó en cara al Ejecutivo de Nicolás Maduro la zozobra causada por las “fuerzas civiles de choque al servicio del régimen”. Llamativo fue, por su parte, el silencio de las Fuerzas Armadas, cuya postura de cara al golpe contra la Asamblea Nacional y a los sucesos posteriores sigue sin conocerse.

El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, aseguró que hubo cincuenta heridos durante las manifestaciones del 4 de abril. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció sobre el video donde se oyen disparos atribuidos a grupos paraestatales; la prensa independiente reportó agresiones contra doce legisladores. Y la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano registró dieciséis arrestos arbitrarios. Pero en las redes sociales también circularon imágenes que mostraban a ciudadanos ofreciendo resistencia a los oficiales que violaban el derecho civil a la manifestación pacífica; en una de ellas se aprecia cómo un joven le quita el arma a un policía y otro la lanza fuera de su alcance. Un delito, sí. Y un síntoma de males mayores.

Una cuestión de legitimidad

¿Qué pasa en Venezuela con el monopolio de la violencia, entendido como la facultad exclusiva del Estado para hacer uso legítimo de la coacción y administrar el control de los medios con que se ejerce la fuerza? “En Venezuela no siempre es fácil determinar cuándo los órganos estatales están actuando legítimamente y cuándo están abusando de sus prerrogativas. Eso acentúa la inseguridad del ciudadano y lo lleva a aprovechar cualquier margen de maniobra a su alcance –así sea recurriendo a la violencia– para lidiar con esa incertidumbre y con su propia vulnerabilidad. El Estado de derecho se ha visto erosionado de tal forma en Venezuela que ya ni siquiera está claro quién tiene el monopolio de la violencia”, sostiene Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín.

Así explica el experto el empañamiento de la imagen de policías y militares en el país caribeño, y la creciente tendencia de la población a enfrentarse con los uniformados, pero también la amenaza que representan los “colectivos chavistas”, las células móviles, civiles y armadas mencionadas por el secretario general de la OEA. “Es grande el peligro de que más y más grupos empiecen a movilizarse guiados por sus propias reglas y sus propios intereses. Eso atenta contra la coherencia de las actuaciones tanto del oficialismo como de la oposición, dos boxeadores cansados que, sin embargo, siguen lanzándose golpes. La debilidad de ambos hace que el futuro inmediato en Venezuela sea impredecible”, acota Maihold, admitiendo no conocer otro país donde se haya presentado una constelación de problemas similar.

La dilución de las instituciones

Ivo Hernández, investigador de la Universidad de Münster, por su parte, explica la atomización del monopolio de la violencia en Venezuela de la siguiente manera: “Desde 1999, cuando Hugo Chávez ascendió al poder, el Ejecutivo se ha esmerado en desdibujar al resto de los poderes públicos y de las instituciones del Estado, vaciándolos de sus funciones de tal forma que sólo la figura del líder quede bien delineada. Los cuerpos de seguridad no escaparon a ese proceso. Ya ni siquiera se puede decir que el monopolio de la violencia lo detente el Gobierno porque el propio Ejecutivo se encargó de acabar con él, entregándole armas a numerosos simpatizantes del chavismo con la esperanza de reproducir en Venezuela ese espectáculo tristísimo que se vio en otros países: el de los partisanos con fusiles al hombro supuestamente dispuestos a apoyar una ideología”, dice Hernández.

“Desde luego, a lo único que eso puede conducir es a errores que se pagan con vidas”, añade el especialista de Münster. Maihold coincide parcialmente con Hernández, y señala que “en Venezuela ya no parece haber un comando central que emita órdenes coherentes. La creciente autonomía de las fuerzas de seguridad tiene como consecuencia que ni sus distintos directores ni el personal subalterno saben a ciencia cierta quién tiene el control coordinado de esos cuerpos. Eso propiciará enfrentamientos tanto en el seno del Estado como entre los ciudadanos y el Estado, porque nada es predecible y los intereses en juego no son evidentes. Me explico: en muchos casos, los intereses personales de las autoridades tienen tanto peso que terminan haciendo ininteligible la actuación del Estado como un todo”.

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